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CONTRA LA CORRIENTE

¡¡ TRIBUNALES POPULARES PARA CASTIGAR A PINOCHET Y A TODOS LOS GENOCIDAS!!

La lucha por el castigo a los genocidas de la dictadura pinochetista constituye una tarea democrática que sólo puede ser resuelta por la revolución proletaria en nuestro país.
            Quienes plantean el problema de “los DD.HH.” en Chile, al margen del programa revolucionario, invariablemente caerán en el reformismo y la colaboración de clases, para terminar en la necesaria capitulación de esta elemental tarea de las masas, ello por supuesto, en aras de la estabilidad y defensa de la democracia. Tal miserable espectáculo es el que por diversas vías observamos no sólo en el gobierno concertacionista sino también, en el Partido Comunista y la izquierda “extraparlamentaria”.
            La irrisoria condena a Contreras y Espinoza a 7 años de cárcel!, por el asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier en Washington hace más de 17 años, pretende servir de soporte para dar “vuelta la hoja” y cubrir con el manto de la impunidad a los genocidas. El fallo condenatorio en definitiva ha sido el resultado de un acuerdo sellado entre e imperialismo, las FFAA y el Gobierno. Por eso, desde el primer momento, la postura de nuestra organización fue la de denunciar esta maniobra de forma de utilizar este fallo como un instrumento que permita nuclear a la vanguardia e impulsar la lucha de masas hasta imponer, vía acción directa el castigo a todos los responsables del genocidio empezando por Pinochet y sus continuadores, Aylwin y Frei.
            Estas concepciones nos obligan a esclarecer con el programa de la clase obrera el debate que se ha instalado en la vanguardia de forma de potenciar ESTRATÉGICAMENTE el combate a los genocidas, a la represión burguesa y la defensa de las libertades democráticas.

 

EL GENOCIDIO CONSTITUYE UN SOPORTE HISTÓRICO DEL RÉGIMEN

            En la medida que las masas - al terminar la década del 60’ hasta la UP - generalizaban y radicalizaban su enfrentamiento con el régimen capitalista, la crisis al interior de la burguesía se profundizaba y esta terminó dividida en dos bandos: un sector minoritario se incorporó a la alianza frentepopulista de la UP que encabezó Allende, mientras la mayoría se alineaba con la DC y la derecha que desconfiaba en la capacidad del PS y el PC para contener el ascenso de las luchas y por tanto, desde el mismo día de la elección de Allende comenzó a proyectar una salida contrarevolucionaria de la mano de las FFAA.
            El primer síntoma de esta crisis abierta lo constituyó la formación del Grupo Móvil de Carabineros, al cual le correspondió la violenta represión de obreros y campesinos en los últimos días del gobierno de Frei Montalva. El secuestro y asesinato del “constitucionalista” Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, fue la respuesta a la victoria electoral de la UP. Durante la propia UP se ensayaron varios intentos para aplastar a las masas, en ellos sobresalió el gorila Viaux Marambio y altos oficiales de la Armada. El último y exitoso intento se consumó el 11 de Septiembre del 73’, conducido por la Junta Militar de Pinochet.
            Ya hemos indicado el corte histórico que significó para la clase obrera y las masas este Golpe Militar. Se trató de una profunda derrota cuyas consecuencias seguimos viviendo hoy. Más de 30.000 luchadores, toda una generación cayeron bajo el inclemente fuego de los fusiles de la burguesía. Mientras se dinamitaban por miles los cadáveres para ser echados al Mapocho, la DC y el PN celebraron con champaña la acción “liberadora” de los militares. El propio Frei Montalva - junto a Alessandri – se abrazaron en cadena televisiva con quien aparecía como el transitorio Gobernante, un inexpresivo Pinochet. Los partidos del CODE esperaban que rápidamente se les entregara el Gobierno y se restableciera el funcionamiento de las instituciones parlamentarias.
            La situación en que se encontraba el régimen burgués hicieron imposible que tal medida se concretara. Los partidos burgueses habían demostrado su impotencia y la clase explotadora cohesionada por su victoria frente a las masas, optó por el proyecto contrarevolucionario que encarnaba la Junta Militar y que se presentaba como el único camino para cerrar una etapa de más de cuatro décadas de crisis y convulsiones sociales. El Genocidio en curso constituía la única herramienta que garantizaba la estabilidad del orden burgués. Por ello sostenemos que el genocidio constituye un soporte histórico del Régimen que hasta nuestros días define la relación que existe entre éste y las masas.

 

LA REPRESIÓN SE DESARROLLÓ EN TRES ETAPAS

            La primera se caracterizó por su masiva brutalidad y por la aguda violencia desatada en contra de las masas de un modo abierto. La Junta Militar sancionó los arrestos ilegales, ejecuciones y torturas masivas. Los principales objetivos de esta primera etapa eran la vanguardia de activistas que alimentaba el amplio movimiento de masas, gran parte de los cuales militaba en los partidos de la UP. La represión en esta etapa tuvo características de imprevisible y caótica. Diferentes ramas de las FFAA luchaban a menudo unas contra otras para liderar el proceso de destrucción de la base social de apoyo a la UP.  Los métodos utilizados por la dictadura militar prueban la intensidad de resistencia que esperaba encontrar una burguesía aterrorizada por las masas. En realidad, la resistencia a la imposición militar fue mínima, el control total sobre el país se estableció en menos de una semana. Esta etapa represiva contó con el apoyo unánime de la burguesía, imperialismo y la iglesia Católica que por medio de la Conferencia Episcopal apoyó la “noble causa del gobierno militar para prevenir la consolidación de un Estado Marxista Ateista” (sic). Por lo mismo, prevaleció la represión pública - que hasta hoy reivindican abiertamente – adornada con juicios oficiales y cortes marciales concebidos para validar la represión ante la propia burguesía y para aterrorizar a las masas. Informaciones contradictorias indican que en los dos primeros meses fueron ejecutadas entre 3.000 a 20.000 personas; 5.000 personas fueron sacadas del país por el Comisionado de Refugiados de la ONU.
            La creación de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), en junio de 1974 señala el comienzo de la disconformidad de partidarios del régimen con la forma de enfrentar la creciente solidaridad proletaria internacional que se alzaba contra la Junta Militar. La DC, la Iglesia y un ala del Imperialismo - sin romper - comienzan a distanciarse ambiguamente. La respuesta militar con Pinochet a la cabeza, fue la de centralizar  las operaciones clandestinas de la DINA, marcando una segunda etapa represiva. Mientras la intensidad de la represión aumentaba, ella llegaba a ser más selectiva, cuidadosamente dirigida a la “desaparición” y muerte de los líderes políticos que quedaban en el país, todo ello ahora en el más riguroso secreto. En 1974 la mayoría de esos objetivos eran miembros del MIR, en 1975, los socialistas fueron foco de la represión, entre 1976 al 78’, los desaparecidos eran comunistas de un total de 693. A través, de estas tácticas (secuestros en toque de queda, grupos encapuchados, vehículos sin distintivos) mientras se acrecentaba el terror, se trataba de esconder los abusos y proyectar la ilusión de normalidad social. La creación de la DINA, también acrecentó la influencia de Pinochet en la Junta. Así, mientras por una parte, la DINA reducía el problema de la redundancia de distintas ramas de la inteligencia militar, por otra, la centralización produjo una fuerza clandestina autónoma - tipo Gestapo - que podía amenazar la seguridad de cualquiera de los miembros del Gobierno Militar. De esta época data el aislamiento de Contreras - es lo que explica su actual situación – ya que en repetidas oportunidades sus acciones tenían la cerrada oposición de oficiales de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea, e incluso del Ejercito, no porque tuvieran objetivos distintos, sino porque el poder concentrado por Contreras ponía en tela de juicio la propia jerarquía Militar.
            A fines de 1977, el aparato represivo sufrió una importante transformación como consecuencia de la disolución de la DINA. Esto fue prioritariamente el resultado de las presiones de los Estados Unidos que veía en este aparato una fuerza explosiva, incontrolada y autónoma que no sólo dificultaba la institucionalización del régimen en Chile, sino que además aparecía como un elemento de desorden a escala mundial como consecuencia de sus atentados en Washington (Letelier), Roma (Leighton) y Buenos Aires (Prats). La disolución de la DINA y la creación de la Central Nacional de Informaciones (CNI), marca un cambio en la política represiva - su tercera etapa – la cual ya no se dispone el aniquilamiento de los opositores sino que su “contención”. Los casos abiertos disminuyeron y las desapariciones se detuvieron totalmente; la represión comenzó a expresarse mediante relegaciones y detenciones en masa, los asesinatos comienzan a ser presentados como “enfrentamientos armados”. Es la forma represiva que permaneció inalterable hasta 1989 y con la cual Pinochet enfrenta la lucha de masas que se desata a partir de 1983.
            Este último vuelco caracteriza a la Dictadura Militar en su fase de institucionalización. Pinochet concentrando el poder - se hace llamar Presidente de la República y echa al “duro” Leigh – ve la necesidad de juridizar su régimen. Ello supone juridizar también su represión, de ahí que dicte en abril de 1978 la Ley de Amnistía que cubre los hechos de violencia política desde el Golpe hasta la fecha... con la expresa excepción del caso Letelier.
            A partir de estos antecedentes, debemos concluir:
1.      Que el Genocidio perpetrado por la Dictadura Pinochetista constituyó una respuesta BURGUESA que buscó aniquilar al movimiento obrero y de masas, para salvar el orden capitalista.
2.      Que ya sean los 3.500 ejecutados que consigna en 1990 en Informe Rettig o los 30.000 que consignaron en la época las organizaciones internacionales, este genocidio constituye la más violenta y brutal represión desatada en la historia de la lucha de clases en Chile. Ello por haberse extendido por todo el país, por haberse dirigido a aniquilar todas las expresiones clasistas y de la lucha de las masas y, por haber tenido una continuidad en el tiempo que en sus diversas fases se extendió por 17 años, perpetuándose hasta nuestros días.
3.      Que la impunidad para los responsables de este genocidio es un presupuesto necesario e insoslayable del régimen capitalista en Chile. Sólo por esta vía - conculcando el más elemental de los derechos de las masas, la vida – la burguesía puede garantizar la solidez de sus FFAA. Ello, ya que el castigo a los genocidas importa desmantelar las FFAA las que INSTITUCIONALMENTE, de un modo centralizado, salieron a ahogar en sangre a la revolución proletaria.

 

LA RESISTENCIA A LA REPRESIÓN, LA LUCHA POR EL CASTIGO A LOS CULPABLES, Y EL MOVIMIENTO PRO DD.HH.
            Desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, las masas comienza a resistir la embestida gorila de la Junta Militar. Un registro de toda esa experiencia quedó en los sindicatos, cordones industriales, organizaciones campesinas, federaciones estudiantiles, etc., que ese día esperaron las armas para enfrentar al fascismo y en lugar de ello, sólo encontraron fusilamientos, tortura, campos de concentración, encarcelamiento y exilio. Sólo focos aislados - por fuera de la UP - lograron oponer algún grado de resistencia armada, siendo prontamente acallados.
            Es así, que la resistencia a poco andar se transformó en organizaciones de diverso tipo que buscaban cautelar la vida y las más elementales libertades. Instintivamente los sectores aislados que realizaban algún tipo de resistencia buscaron a las iglesias - especialmente la Católica – las cuales a pesar de haber apoyado el Golpe en su mayoría, se vieron  obligada a asilar a grupos de perseguidos los que a pesar de su natural dispersión eran muy numerosos. En 1973, el primer organismo que surge es el Comité 1 (asilo a  los extranjeros) y Comité 2, a los chilenos, luego al coordinarse toman el nombre de Comité de Coordinación para la Paz en Chile (COPACHI). Esto se explica porque, a diferencia de las iglesias argentina y uruguaya, la iglesia Católica chilena no participó directamente en tareas de represión, ello por cuanto la gran radicalización del período de la UP penetró a la propia iglesia, la cual se encontraba en una crisis profunda que le impidió dar un vuelco de este tipo sin sacrificar su integridad. De aquí se desprenden posteriormente un conjunto de organismos como el FASIC, SERPAJ, y la de mayor desarrollo la Vicaría de la Solidaridad.
            Luego en 1974, en una segunda etapa comenzó a actuar organizadamente un grupo de familiares de miembros de la Fuerza Aérea que fueron sometidos y posteriormente ejecutados por tribunales de guerra. Esto sirvió como antecedente para el posterior desarrollo de múltiples Agrupaciones de Familiares: la de Detenidos Desaparecidos, la de Presos Políticos, la de Ejecutados Políticos.
            En este período los sindicatos no cumplieron ningún papel, aplastados como estaban por la bota militar y la cesantía ocasionada por la recesión del 74’. Los organismos de esta primera etapa (73-78) cumplieron, por lo mismo, una valiosa tarea mientras arreciaba la represión y fueron el fruto directo de la resistencia espontánea de la vanguardia y sectores de masas. Con todo, no disponemos de información que permita determinar qué  grado de elaboración programática alcanzaron estas organizaciones, pero, es claro que cumplieron una función humanitaria y asistencial, llegando en algunos casos a realizar una importante actividad de denuncia, a través, de la red de exiliados que comenzaba a dispersarse por el mundo.
            Desde 1978, de la mano de las fricciones de la Dictadura con el imperialismo y de la “distensión” propia del giro político que adoptó la Junta en este período, comenzaron a copar este espacio los partidos políticos. La burguesía y el imperialismo, conscientes de la necesidad de institucionalizar el Régimen, comenzó a “sacarse el traje de campaña” y a impulsar el accionar de sus partidos en esta área. Nacen dos organizaciones que ya en esa época indicaban con claridad la orientación de las corrientes políticas burguesas y pro-burguesas.
            Por un lado nace, en diciembre del 78’, la Comisión Chilena de Derechos Humanos que conducida por ex-Ministros de Frei (DC) y los primeros “renovados” del PS. Su acta constitutiva nos dice que la comisión “trabaja... en forma pluralista, libre y autónoma por la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de DD.HH. y demás acuerdos de la ONU”. Más adelante, se indica que la comisión - en clara postura anticomunista - participan “todas las formas de ideológicas que existen... con excepción de aquellas que son antagónicas a la filosofía de los DD.HH.”.
            Esta organización llegó en 1985 a contar con más de 1.500 miembros activos y filiales en más de treinta ciudades y su actividad se concentró en asistencia jurídica y en la edición de un limitadísimo informe mensual para ser distribuido tanto dentro como fuera del país. La filosofía de la Comisión era “no militante y no violenta”. De ahí que se disolviera en 1990, al asumir Aylwin, por ser innecesaria en las “actuales” circunstancias.
            Por otro lado, en 1980, cuando grupos del PC, PS (Almeyda) y  del MIR inician su accionar hacia las masas en Chile, conforman el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Esta entidad pretende asumir un papel movilizador y organizador en la lucha por los DD.HH. Su  documento de constitución permite caracterizarlo como un grupo que expresa la línea democratizante de los partidos que lo conformaron. Efectivamente, éste reseña que CODEPU lucha por “el derecho de todo un pueblo a un régimen democrático que represente a todos los ciudadanos”. Sin embargo, su punto de ruptura, forzado por el anticomunismo de la Comisión de DD.HH., se define por la adhesión de CODEPU a la declaración de los Derechos de los Pueblos, proclamada en Argelia en el 76’, la cual reafirma “el derecho a la autodeterminación; la solidaridad entre los pueblos y el derecho fundamental a la rebelión”. La pretendida definición “clasista” del CODEPU la expresó la abogada Fabiola Letelier (MIR), en 1983 cuando dice que “entendemos que esta nueva sociedad se construye con el aporte de todos, pero reunidos en torno a la clase social (?) que tienen la misión histórica de producir el cambio hacia nuevas formas de vida más justas, libres e iguales”. Es decir, el clásico y burgués “libertad, igualdad y fraternidad”.
            CODEPU logró nuclear - a partir del 83’ - a un segmento importante del activismo izquierdista en plena lucha antidictatorial. Varias docenas de sus miembros fueron relegados y encarcelados. Los locales de CODEPU habitualmente eran allanados y el algunos casos incendiados. Los asesinatos de sus dirigentes Patricio Sobarzo y José Manuel Parada hablan de la intensidad de la represión sobre este organismo, la que buscaba desarticular al activismo que aquí se expresaba. Esto último forzó a la dirección reformista de CODEPU a organizar los Comités Anti Represivos (CAR). Sin embargo, y a poco andar, estos organismos con base en las poblaciones fueron disueltos por la propia dirigencia de CODEPU por resultar evidentemente contradictorios al proyecto del alicaído MDP (PC, PS; MIR) de embarcarse en la transición en el año 87’.
            A partir de estos elementos podemos caracterizar el movimiento de resistencia a la represión y defensa de las libertades democráticas de la siguiente forma:
1.      En toda su evolución, hasta nuestros días, ha sido enmarcado por los aparatos burgueses y pro burgueses (DC, PS, PC) en un exclusivo carácter defensivo, “pro DD.HH.”. De esta forma la lucha de las masas de resistencia a la represión quedó enmarcada en los límites de una mera aspiración democrática, que significó a la postre el abandono de la acción directa y la movilización a cambio de las gestiones judiciales seguidas ante la corrupta justicia burguesa.
2.      Que este carácter meramente defensivo que se le impuso al movimiento, terminó por traicionarlo. Esto por cuanto está demostrado que las direcciones de las diversas organizaciones terminaron abandonando la lucha “por la justicia”, “la vida”, “la verdad”, e incluso “el castigo” desde el momento que aceptaron la transición pactada con Pinochet. Este abandono significó en la práctica – más allá de las declaraciones de buenos modales – la aceptación de la Ley de Amnistía del 78’ y todo el sistema legal armado para garantizar la impunidad para los genocidas. Clara expresión de ello es el silencio cómplice que guardan los partidos frente a los ejecutados, torturados y presos políticos tanto Aylwin como Frei.
3.      Esto explica, que actualmente el “emblema de los DD.HH. sea agitado demagógicamente frente a las masas  por los partidos del régimen, para posar de antipinochetista y tratar por esa vía de mantener vivas las ilusiones en la democracia burguesa y en sus instituciones.
4.      Lo expuesto nos demuestra con toda claridad que en el movimiento de resistencia a la represión, de defensa de las libertades democráticas y pro-castigo a los asesinos, se ha encontrado del todo ausente el partido, el programa y la estrategia del proletariado. Por ello, este movimiento ha resultado aislado y reducido a lo que pueda entregarles la justicia burguesa.

 

LA POLÍTICA DEL PROLETARIADO

            De lo expuesto, podemos concluir que dentro de los marcos capitalistas es imposible que reivindicaciones democráticas tan elementales como el derecho a la vida, a las libertades individuales y el castigo a los genocidas sean resueltas. El decadente régimen burgués semicolonial chileno es enteramente inoperante para dar respuesta a este problema, castigar a los genocidas y renunciar a la represión fascista equivaldría a ponerse la soga al cuello. Significaría para la clase explotadora destruir su aparato represivo y atarse de manos frente a la revolución. Los reformistas del stalinismo y la socialdemocracia, cuando plantean la posibilidad de una “democracia auténtica”, “popular”, etc., resuelva esta cuestión, no hacen más que alimentar vanamente la vieja ilusión de que la Justicia, la putrefacta burguesía criolla y el imperialismo puedan jugar en determinadas condiciones un rol progresivo para la humanidad.
            Sólo la revolución obrera y campesina y su gobierno de dictadura proletaria será capaz de dar solución a este importante problema. Ello en tanto, esta lucha debemos describirla dentro de la política obrera de armamento de las masas y de destrucción de las FFAA de la burguesía. Sostenemos por tanto, de que es una capitulación plantear esta lucha como meramente defensiva y como una reivindicación abstracta de los DD.HH. Por el contrario, debemos potenciar este movimiento incorporándolo al conjunto de luchas que diariamente da la clase obrera y las masas, para liberarse del yugo burgués. Buscamos que esta lucha se potencie al incorporarla en el Frente Único Antiimperialista, como una lucha ofensiva que busca destruir los aparatos de represión y que cimienta la posibilidad de castigar a los genocidas en la acción directa, en la violencia revolucionaria y en los Tribunales Populares, expresión con la cual designamos a los órganos que,  en el marco de un gobierno de dictadura proletaria, se encargarán de centralizar el cumplimiento material de esta reivindicación. Esto en tanto el gobierno fruto de la revolución será una despiadada dictadura para los explotadores y un régimen de amplias libertades democráticas para las masas, como no ha conocido nuestra historia.
            Este es el programa que reivindicamos en la lucha anti-represiva, para unificarla y proyectarla políticamente como una lucha SUBVERSIVA para acabar con el orden burgués.
            Mientras se escriben estas líneas, la segunda antigüedad del ejército chileno, en servicio activo después de Pinochet, el asesino, Pedro Espinoza, se encuentra encarcelado en Punta Peuco. En el hospital naval de Talcahuano el ex - jefe de la DINA, el siniestro Manuel Contreras agota sus instancias para dilatar el cumplimiento de su pena mediante argucias médicas. Hoy se conoció en nuestro país, que el mismo Contreras, junto a Iturriaga Neumann, han sido condenados en primera instancia por la justicia italiana por su responsabilidad en el homicidio frustrado del democratacristiano Bernardo Leighton.
            Ante esto, no podemos sino ratificar los conceptos expuestos al comienzo de este artículo: la condena a Contreras y Espinoza por el homicidio de Letelier, es el fruto de un acuerdo sellado entre el Imperialismo y el Gobierno de un lado y el Ejercito del otro, con miras a consumar la impunidad vía otra ley de amnistía o una fórmula de iguales efectos. Pinochet, cuando debió pronunciarse indicó que “se respetará la ley”, lo que no impidió que luego saliera denostando el fallo y quejándose por la campaña de “hostilización” vertida sobre el Ejército y las FFAA. Las caras pintadas, los operativos, los F-16 sobre Santiago, los problemas médicos, los “Nuremberg” y otros, son sólo eso: maniobras concebidas por el Alto Mando Castrense para mantener tranquila a la oficialidad simulando una actitud beligerante de forma de no debilitar el ascendiente corporativo y de casta que ejerce Pinochet sobre los milicos.
            Lo que está imponiendo en definitiva es el proyecto burgués servil al imperialismo. Por un lado, se pretende avanzar sustantivamente en cerrar los “casos de DD.HH.”, ratificando - con estos chivos expiatorios - la impunidad para los genocidas y para los principales responsables Pinochet, Aylwin y Frei. Por el otro lado, se impone también la tesis imperialista en orden a desmantelar el complejo militar – industrial pinochetista y se avanza en su reemplazo por una fuerza liviana, “helicopterizada”, concebida exclusivamente para la represión interna. Pinochet ha concurrido a este acuerdo y el nerviosismo radica en la capacidad de liderazgo de Pinochet para imponer estos acuerdos al conjunto de las FFAA. Esto explica los reiterados e inusitados respaldos a Pinochet, realizados por los principales dirigentes de gobierno e inclusive por el hijo del Canciller asesinado, Juan Pablo Letelier, quien no despreció oportunidad para indicar que el fallo “en nada responsabiliza a Pinochet”. En definitiva, con este fallo se busca estabilizar el Régimen, especialmente a sus FFAA y el imperialismo a logrado que Pinochet se aleje de su imagen de el “Saddam Husein” de América Latina.
            A la crisis interburguesa abierta debemos oponerle el programa revolucionario, trotskista, de la clase obrera.  Por ello, debemos ocupar un lugar en primera fila en la lucha par exigir el castigo de todos los responsables del genocidio y acabar con la impunidad. En esta lucha desplegaremos nuestra táctica: la acción directa y frontal en contra de la institucionalidad burguesa, su podrida justicia y sus FFAA genocidas. Pero, esta táctica se subordina a esta estrategia; ni las libertades democráticas, ni el castigo, tienen lugar en la “democracia” burguesa, por esto en el combate levantamos las banderas de la Revolución Proletarias. A nuestros caídos, los caídos en la lucha por la revolución, los vengará la propia revolución.
Revolución Proletaria Nº6, Julio de 1995

 

 

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