LUCHAR CONTRA LAS REFORMAS Y POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL PROLETARIADO

El pasado Discurso de Lagos, inaugurando el 21 de Mayo el período de legislatura ordinaria, fue por sí sólo expresivo de la actual coyuntura política. Los temporales de fines de mayo ratificaron este mismo sentido. Con nitidez, las vivas contradicciones que atraviesan al país y que tienen por base el enfrentamiento entre la burguesía y el imperialismo de un lado y del otro las masas explotadas en lucha, se expresaron en ambos hechos.
            La llamada “Cuenta” Presidencial al Congreso Pleno marcó, por encima de toda consideración, una determinación continuista expresiva de la política de aplicar las reformas y planes que impone el imperialismo a cualquier costo. El Discurso de Lagos sintetiza esta impotencia de la burguesía criolla de levantar una política nacionalista y de defensa de los intereses nacionales, tal y como lo exige la crisis económica y social en curso. Esta total incapacidad del Gobierno, no es particularidad de la Concertación, de su desgaste,  es la burguesía chilena -como clase social- la incapaz de dar respuesta a los problemas nacionales. Es absurdo endilgarle a Lagos, a la Concertación, al sistema electoral, a los enclaves pinochetistas, la responsabilidad de esta situación. Esta responsabilidad existe, no cabe duda que Lagos es quien aplica las políticas imperialistas, pero ni él , ni la Derecha, ni Lavín, serían capaces de hacer algo distinto.
            Esta impotencia e incapacidad se manifestó, y se manifiesta diariamente en cada medida del régimen, en la necesidad del mismo de seguir descargando la crisis del capital sobre las espaldas de los trabajadores. El Gobierno concertacionista, la derecha y sus sirvientes, le han declarado la guerra a los explotados y buscan con el paquete de reformas que agitan como modernizaciones profundizarlas.
            Las “Reformas” a la Salud, Educación, al sistema Judicial son el soporte político de las medidas económicas tendientes a entregar los recursos nacionales a las transnacionales. De lo que se trata es de –junto con la privatización de los servicios públicos- generar un régimen funcional al patrón de acumulación de capital.

 

El “AUGE” de la Privatización

            En la salud el llamado Plan AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas), busca establecer un paquete de prestaciones (se habla de 56 patologías) de salud que constituyan la base sobre la cual operará una especie de seguro gestionado por Compañías privadas (que pueden ser la actuales  Isapres, Aseguradoras). Esta estructura de financiamiento se articulará con la red de hospitales públicos o privados que se
disputarán en el mercado los “clientes” que busquen satisfacer sus requerimientos de Salud.
La aplicación de este plan, descrito en la propaganda gubernamental más o menos de la forma como lo hemos descrito supone a lo menos dos ineludibles consecuencias. En primer lugar, que se impone un número cerrado de prestaciones de salud curativa como mínimo “garantizadas” por el sistema; lo que no se dice es que en la práctica para la inmensa mayoría de la población tales prestaciones mínimas, garantizadas “explícitamente” constituirán el máximo accesible de salud. Esto importa una baja objetiva en el acceso a la salud y si se considera que hablamos de patologías, estos límites de la canasta de prestaciones del AUGE son los límites de la propia vida de los pacientes. Fuera de esa canasta “máxima”, más de 2000 patologías entre ellas casi todas las modalidades de cáncer, sólo la muerte.
Otra obligada consecuencia del AUGE es la autonomización de los hospitales y su autogestión. De la autonomización se desprende un quiebre en el desarrollo de cualquier política de salud pública, ello implica que los Directores de los Servicios de Salud de las diversas Áreas (explicar como está estructurado el SNSS) verán sensiblemente disiminuidas sus atribuciones técnicas para unificar el desarrolllo de una política de salud unificada. Los Directores de los Hospitales públicos utilizarán esta autonomía no para satisfacer las necesidades de la población sino para garantizar la estabilidad financiera de la entidad en la que laboran.
En el mismo sentido, la autogestión persigue fundamentalmente quebrar todas las conquistas de inamovilidad y propiedad del cargo que benefician a los empleados públicos. Bajo este nombre “democrático” se aspira a encubrir el total desmantelamiento de las conquistas de los empleados públicos, en este caso de los empleados de la salud. Se trata de un sueño largamente acariciado por los “modernizadores” desde los tiempos de Pinochet.
Como conjunto la reforma a la Salud aspira a la privatización y a la adecuación del Sistema Sanitario, a los requerimientos del Gran Capital. Se persigue en primer lugar la íntegra privatización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, pero para hacerlo atractivo al capital privado, es necesario previamente desmantelar las conquistas de los trabajadores. En segundo lugar mediante estas reformas se consolida el carácter meramente curativo de la Salud; efectivamente, al establecerse una canasta mínima de prestaciones no sólo se está excluyendo una generalidad de patologías, sino que además se define un sistema sanitario que apunta prioritariamente a la acción curativa, de mera  recuperación, a efectos de garantizar la continuidad de la actividad laboral y su explotación.
Los explotados al oponernos a la Reforma a la Salud no lo hacemos por una actitud conservadora. El actual sistema de prestaciones de salud, tampoco satisface nuestros intereses y verdaderamente se encuentra en crisis. Frente a esta realidad se debe plantear una profunda reestructuración de todo el sistema de salud, cuestión que necesariamente pasa por el desarrollo y fortalecimiento de la lucha de los trabajadores de la salud y del conjunto de los explotados y oprimidos. La salud debe ser sometida al Control Colectivo de los trabajadores y de la comunidad organizada, la burguesía ha demostrado su incapacidad de mantener un adecuado sistema sanitario y corresponde a los trabajadores dar una solución radical a este problema.
A partir de este Control Colectivo ha de imponerse la completa expropiación del capital privado de Salud (Clínicas, Isapres, etc.) de forma de dar cuerpo a un Sistema Público Unificado de Salud que priorice las acciones PREVENTIVAS, por sobre las curativas, de forma de garantizar no sólo el acceso a acciones terapéuticas de Salud, sino que una efectiva protección sobre la calidad de vida de la población. Esto sólo puede ser el resultado de una Revolución Obrera, y de la acción directa de las masas en lucha. La enorme superioridad de la medicina cubana no sólo sobre la del resto de América Latina, sino que incluso sobre la de países avanzados, pone en evidencia que la Revolución abre las puertas de la Salud a las masas –aún con todas las limitaciones del burocrático régimen castrista- pero además nos señala con claridad que la burguesía es incapaz de dar respuesta al reclamo de Salud y que sus Reformas sólo redundarán en la mercantilización, privatización y destrucción de todo acceso a la salud.

 

Destrucción de la Educación Pública

La Reforma Educativa es otro de los pilares de la política gubernamental y ha demostrado seguir una línea “de Estado”. Vale decir desde la Dictadura Militar, desde más de veinte años que la burguesía viene trabajando con un mismo objetivo: privatizar la educación y precarizarla.
La Educación Superior fue la primera víctima de las modernizaciones. A pesar de que el Movimiento Estudiantil universitario desplegó gigantescas luchas contra la Dictadura y la privatización, las mismas fueron traicionadas por las direcciones capituladoras DC, PS o PC, las cuales fueron incapaces de potenciar el Movimiento, unificarlo y politizarlo de forma de aplastar las medidas que en los 80 comenzó a aplicar Pinochet. Con la llegada de los Gobiernos concertacionistas, la privatización continuó, sobrevino el repliegue de las luchas, el Movimiento Universitario terminó siendo derrotado y desarticulado y en la actualidad somos espectadores de una Universidad como ya se anticipaba hace veinte años: la mayor matrícula se concentra en entidades privadas, los hijos de obreros, campesinos y de la mayoría explotada ven imposibilitado proseguir estudios superiores y los planteles se han transformado en simples entidades capacitadoras de tecnócratas. No hay investigación, no se crea ciencia ni se genera tecnología. Las Universidades chilenas son el rostro de la impotencia intelectual de la burguesía criolla, de su sumisión al imperialismo, de su carácter antinacional.
Pero los requerimientos del capital no se agotaron con la Educación Superior. También desde comienzos de los 80 se viene desarrollando una lenta y paulatina destrucción de la Educación Pública y Gratuita  a nivel Básico y Medio. Su objetivo ya lo hemos enunciado: precarizarla y privatizarla.
La privatización tuvo su punto de partida en la llamada “Municipalización” que fue el proceso mediante el cual se traspasaron de manos del Estado Central a las municipalidades la propiedad de los establecimientos y la administración de sus recursos humanos, quedando en manos del Ministerio de Educación exclusivamente su coordinación a nivel técnico, planes de estudio, etc..
Con esta medida se logró dar inicio a un ataque desigual, según el Municipio, a las condiciones laborales del profesorado principalmente (aquí se genera la gigantesca deuda previsional con el Magisterio) y, lo más importante se dio cuerpo al régimen de Colegios Particulares subvencionados, los Sostenedores colaboradores de la acción educacional del Estado. Ambos sistemas, privado y municipal, se financiaron –como hasta hoy- con una cuota por día-alumno aportada por el Estado. Esto puso a las municipalidades y a los sostenedores privados a competir por la matrícula de la cual deviene su subsistencia.
El sentido de esta medida fue el e introducir y posibilitar el desarrollo de capital en un área en el que estaba muy poco desarrollada. Si bien es cierto el acceso a la educación sigue siendo gratuito, los prestadores del “servicio educacional” son privados lo que ha ido constriñendo el acceso a la educación debido a que operan con muchas mayores libertades en el manejo de personal y profesorado que el área municipal que aún debe respetar el estatuto de inamovilidad municipal. El resultado ha sido el desarrollo de la matrícula en establecimientos particulares subvencionados en detrimento de los establecimientos municipales que habitualmente van cerrando debido a falta de matrícula.
Este lento proceso de privatización, que posibilita el ataque a las condiciones laborales del profesorado (se amplía la cantidad de docentes en el área privada con casi nulas garantías laborales, fuera del Estatuto Docente) ha servido de punto de partida para una Reforma mucho más profunda: la precarización de la Educación Pública. Con ello indicamos que en cuanto a su contenido, la Educación Pública se ha ido caracterizando por la descentralización curricular, la hiperespecialización y estratificación.   
Todas las llamadas medidas de “personalización” educativa apuntan, más allá del discurso modernizador, a erosionar los contenidos y a segementarlos. El enfoque general del discurso validador de la Reforma Educativa está dado por la idea de que se debe educar para la Democracia y para el Desarrollo, para la inserción y competitividad de Chile en el contexto de un mundo globalizado, etc.. Esto ha tenido como único efecto práctico el hecho de que a los hijos de trabajadores no sólo se les educa para seguir siendo explotados (cuestión propia de todo sistema educacional burgués) sino que se les condiciona y capacita desde el nivel pre-básico para desempeñar determinadas y específicas funciones en el aparato productivo. No sólo se busca formar a obsecuentes sirvientes del capital, sino que se les robotiza y minimiza su espectro intelectual de forma de generar abundante mano de obra barata y calificada.
Demostración clara de este hecho lo constituye el desarrollo de los establecimientos polimodales, técnicos y capacitadores allí donde antes se prestaba una enseñanza unificada. Prácticamente según el barrio, según la actividad económica dominante en la zona, se definirá el curriculum  y plan de estudio. Ya a los 6 años un niño tendrá definido si vivirá para mandar, para desarrollarse y seguir estudios superiores o si su destino será el de servir, obedecer y someterse a la explotación.
Este proceso no sólo destruye el mito de la educación como agente de ascenso social y de progreso cultural. Pone a las claras la total decadencia y degradación del aparto educacional burgués y plantea, de la misma manera que frente a la reforma a la Salud, la necesidad de que este proceso sea revertido y se satisfagan los requerimientos educativos de las masas dentro del marco del programa proletario.
Se debe poner en claro que la educación debe dejar de ser un instrumento de dominación al servicio de los explotadores. La educación en manos de la clase obrera y de la mayoría nacional, ha de ponerse al servicio de la liberación social y nacional, la que no será el resultado de la educación sino consecuencia de ella. La Revolución liberará a la Educación de la miseria burguesa y la transformará en un instrumento potenciador del proceso, fusionará el proceso educativo con el productivo, ligando la teoría con la práctica, desarrollando el pensamiento científico y trasformador. No educación reiterativa y de estéril teorización, la educación fusionadora del trabajo manual y el intelectual, buscando el conocimiento de la realidad y su transformación.
Aunque la burguesía, e incluso esta misma reforma, jueguen con la idea del conocimiento, de integrar teoría y práctica, existe un motivo por el que la pedagogía burguesa no puede fusionar el trabajo manual con el intelectual: se lo impide la base estructural de la sociedad capitalista. Por ello la fusión de la teoría y la práctica en el proceso educativo –que reclamamos como bandera de lucha- supone la destrucción de la gran propiedad privada de los medios de producción y su reemplazo por la propiedad social. Los que trabajan serán los dueños de las máquinas y de la tierra de manera colectiva. Esta será la base de la nueva educación.

 

Reforma Procesal Penal: mayor y mejor Represión

Otro de los “chichés” del régimen, con el que atrevidamente posan hasta de democráticos los genocidas, defensores de genocidas y sus aprendices, son las mentadas reformas el Procedimiento Penal. Es decir a la FORMA como han de operar los Tribunales de Justicia para castigar la comisión de actos delictivos.
La verdad es que agitar la bandera democrática frente al actual Procedimiento Penal vigente en la mayor parte de Chile es bastante fácil. El antiguo Procedimiento es de los más arcaicos y reaccionarios en el mundo y no alcanza a calificar ni de formalmente democrático ni siquiera ante los organismos internacionales como la ONU (la misma que da su visto bueno para el asesinato en  masa de población civil en cualquier parte del mundo, si los  yanquis así lo quieren).
Nuestro Código de Procedimiento Penal fue hijo de la Guerra Civil del 91, hijo del triunfo del bando pro-imperialista, del Gobierno archireaccionario de Jorge Montt, que acabara con la tibia experiencia nacionalista de Balmaceda. Es un procedimiento de carácter inquisitivo regido por el principio antidemocrático de que “el inculpado se presume culpable mientras no se demuestre lo contrario”.
El actual procedimiento es el reino de la arbitrariedad y la corrupción y ha subsistido por más de un siglo porque da amplias atribuciones al aparto estatal para desarrollar actividades represivas dentro del marco de su “legalidad”. Su sola existencia es una clara demostración de que nuestro atrasado y miserable país no conoce ni ha conocido la Democracia burguesa siquiera en sus rasgos superficiales.
El mismo juez que investiga el delito es el que debe acusar al inculpado, y posteriormente juzgarlo. En pocas palabras desde que se inicia la investigación –en la práctica- el inculpado se encuentra condenado. Este hecho que popularmente ha sido calificado como “Justicia para los ricos”, no resiste la más mínima crítica. Cuestionarlo es lo más fácil y rentable en términos políticos. Defender el actual procedimiento penal es como defender los Campos de Concentración de la  Alemania Nazi.
Pero el nuevo Proceso Penal dista mucho de ser superador de los vicios que se enuncian como los objetivos a superar, a modernizar. Se ha organizado una Fiscalía Nacional, encargada de perseguir la responsabilidad de los delicuentes y una Defensoría  Pública que asumirá la representación de los imputados por la comisión de delitos. Estas “partes” darán lugar a un juicio oral, que será negociable, pero ante un Tribunal de Garantías  que definirá si existe mérito para accionar en contra del inculpado y condenarlo si procediere.
Hasta aquí este grueso bosquejo de los rasgos generales del nuevo Procedimiento. Es cierto que al menos formalmente esta reforma introduce cambios procedimentales que hacen más equitativo el Proceso Penal. Pero en la práctica este Procedimiento no redundará en una mayor extensión de los Derechos Individuales ya que el Código Penal y la legislación penal en general continuará siendo la misma. Vale decir el estatuto de derechos o garantías –de origen Constitucional- a los que toda persona puede apelar frente al Estado seguirá siendo el mismo. Lo único que mejorará este procedimiento será la capacidad represiva del Estado. El Estado será más eficiente para reprimir y gana además mayor adhesión a su sistema judicial, legitimándolo como un sistema moderno y democrático.
Este es un hecho de la realidad que escapa a cualquier demagogia. Fiscales, Jueces y Defensores, seguirán saliendo de la selección que realice el aparato burocrático del Estado. Las cárceles, aún cuando se privaticen, seguirán siendo instituciones represivas al servicio de la burguesía y lo más importante, serán capaces de dar juridicidad, legalidad, a la barbarie represiva de los explotadores.
Esta misma reforma –que ha sido concebida en Washington- ha sido aplicada hace años en Argentina, durante el llamado “menemato” de Carlos Menem. Esta reforma no impidió que los asesinatos a los luchadores sigan impunes, que los escándalos de corrupción sigan pudriendo al régimen y que llegado el momento –como lo hizo De la Rúa el pasado Diciembre argentino- lancen a la represión a la calle a matar y a intentar aplastar la lucha de las masas.
En nuestro país la situación es la misma. Es ridículo que se pretenda barnizar de moderno a un sistema judicial que ha conferido el beneficio de impunidad a los genocidas responsable de la muerte y desaparición de miles, del exilio de centenares de miles y de la represión sobre millones. Es ridículo que este sistema judicial reformado, pretenda erguirse como sancionadora de ilícitos delictivos, mientras se funda en el robo y el saqueo de nuestro país a manos de las transnacionales. La “vida y su integridad”, “la propiedad”, la “libertad individual” entre otros bienes jurídicos defendidos por este Procedimiento Penal, son pisoteados en la realidad por el estado y los Tribunales burgueses llamados a defenderlos. Porque sólo defiende la vida de asesinos como Pinochet y la propiedad de piratas y saquedaores como Yurazseck, Matte, Angelini, Telefónica, Endesa, City Bank etc..
El Procedimiento Penal antiguo y su nueva versión reformada deben ser destruidos, por cuanto constituyen un arma en manos de los explotadores. La facultad de juzgar y sancionar los delitos debe radicarse en la comunidad organizada, en los órganos de poder de las masas, en las estructuras asamblearias de que se dote el proletariado para instaurar su Dictadura sobre la minoría explotadora. Sólo estos órganos, genuinas expresiones de la voluntad e intereses de la mayoría, serán capaces de administrar justicia, de juzgar y aplicar dichas determinaciones, de ejercer el poder.
Derrotado el imperialismo, expropiada la burguesía y expulsada del poder estarán dadas las condiciones básicas para que pueda operar un sistema judicial que no ampare a una minoría, sino que exprese los intereses de las amplias minorías. En este proceso, que conduce al comunismo y a la desaparición del Estado (y de todo aparato judicial), podrá verse satisfecha la aspiración de un verdadero Procedimiento Penal que proteja los derechos individuales y se desarrolle como una palanca de la liberación de los explotados y la nación oprimida.

 

Conclusiones

En general, debemos concluir que el rechazo al plan de Reformas que impulsa el Gobierno en la Salud, Educación, Justicia y otras áreas, están dominadas por la necesidad de saciar la voracidad de los capitalistas y servir los intereses imperialistas. Frente a ellas sólo cabe levantar el programa proletario, en ningún caso abanderarse con algún ala burguesa, y defender frente a la crisis capitalista las concepciones propias de la Revolución Proletaria.
Se debe pasar por encima de la falacia de que la oposición a las Reformas constituye un acto conservador, reaccionario. Este argumento en manos de los reformistas de derecha, centro o izquierda, es un absurdo, ya que pretende identificar los intereses miserables de los capitalistas con los de la mayoría explotada.
Es efectivo que deben realizarse transformaciones radicales en la Salud, Educación, Vivienda, Justicia, Economía, etc.; pero estas transformaciones deben mirar a las bases estructurales de la sociedad y no limitarse a maquillar la olla podrida del capitalismo.
Hablar de Reformas en la actualidad supone la validación del orden existente. Sólo es posible reformar aquello que es deseable conservar y ese es el sentido último de las Reformas de Lagos: conservar el orden político y social existente, mantener la represión, profundizar el hambre.
Así como los pasados temporales pasados pusieron en evidencia la miseria en que vive la mayoría de la población en este país y nos plantean los desafíos reseñados; esos mismos temporales con su tempestuosa voracidad han comenzado a erosionar el lodo en que se cimienta el régimen. Es nuestra tarea aglutinar al conjunto del activismo revolucionario en torno a esas concepciones de modo de potenciar la construcción del instrumento que consumará la independencia política del proletriado: el Partido Obrero Revolucionario.

Valdivia, Junio de 2002.